¿qué es EL Acuerdo de Escazú?

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como “’Acuerdo de Escazú’, es el primer tratado ambiental en la región, y el único derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20).

Además, se trata del primero en el mundo en establecer disposiciones específicas para la promoción, la protección y el resguardo de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales; garantiza que puedan desempeñar su labor sin temor ni represalias, con libertad.

El objetivo principal del Acuerdo es garantizar a generaciones presentes y futuras el derecho a un ambiente sano y al desarrollo sostenible mediante el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia, el fortalecimiento de capacidades y la cooperación.

La base para garantizar el derecho de las personas a un ambiente sano es contar con información precisa, específica, oportuna y adecuada, para cualquiera que la requiera y solicite, y en un formato accesible. Especialmente cuando se trate de actividades o proyectos que amenazan comunidades. “Antes que nada, todo a disposición”.

Esto incluye información relacionada con riesgos ambientales y posibles impactos adversos asociados, que afecten o puedan afectar el ambiente y la salud. Los gobiernos deberán garantizar este derecho de acceso.

Acceso a la Información Pública en Materia Ambiental

Con este acuerdo regional sobre democracia ambiental, América Latina y el Caribe expresa su firme e inequívoco compromiso con un principio democrático fundacional: el derecho de las personas a participar en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno. “Nada que nos afecte, sin participarnos”.

El Acuerdo incorpora herramientas efectivas para que las personas puedan participar y hacer oír su voz frente a proyectos de empresas o de gobiernos que puedan afectar su calidad de vida o el ambiente que habitan.

Participación Pública en tomas de decisión en Materia Ambiental

De acuerdo con el debido proceso, las partes deberán garantizar el acceso a la justicia de todas las personas que pudieran ver vulnerados sus derechos en materia ambiental, como el acceso a la información y la participación. Al tiempo que se atienden decisiones que pudieran afectar el ambiente y/o la salud. “Acceso siempre: democracia y justicia ambiental para la justicia social”.

Será de especial importancia que los gobiernos trabajen para reducir las brechas de desigualdad e inequidad en el acceso a la justicia en general, y en materia ambiental en particular, entre sectores de la sociedad históricamente en condiciones de vulnerabilidad.

Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales

América Latina y el Caribe es la más peligrosa del mundo para las personas defensoras del ambiente. Según el último informe de Global Witness, más de dos tercios de los asesinatos a defensores ambientales ocurren en esta región. “Necesitamos seguir con vida para defender nuestros derechos y calidad de vida”.

Las personas pueden organizarse, manifestarse, circular, opinar públicamente, reunirse, informarse y participar libremente, sin recibir intimidaciones y con pleno derecho a acceder a la justicia en caso de que no ocurra. Los gobiernos serán garantes de tales derechos.

Personas Defensoras de Derechos Humanos en Materia Ambiental

Estado de situación en el resto de los países: para que el Acuerdo de Escazú entre en vigor, es necesario que lo ratifiquen 11 estados. Por ahora hay 9: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.

Las 5 D

derechos humanos

desarrollo sostenible

democracia ambiental (nuevo paradigma)

Escazú otorga herramientas para la construcción de un ambiente sano, seguro, limpio, saludable y sostenible, lo que es esencial para el pleno disfrute de derechos humanos como el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación y el agua. El tratado nombra más de 70 veces la palabra “derecho”. Además, se vincula con derechos de acceso básicos: a la información, la participación pública y el acceso a la justicia.

este Acuerdo Regional, originado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), contribuye a la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo y hace frente a la ineficiente e insostenible cultura de intereses limitados y fragmentados que impera en la región. Asegura la participación del público en todas las decisiones que lo afectan y establece una nueva relación entre el Estado, el mercado y la sociedad: rompe con la falsa dicotomía entre la protección del ambiente y el desarrollo económico. No puede haber crecimiento a expensas del ambiente, y no puede gestionarse el ambiente si se ignoran nuestros pueblos y nuestras economías.

Escazú fortalece nuestra democracia al garantizar que la toma de decisiones con implicaciones ambientales sea deliberativa, participativa, abierta e inclusiva. Para eso, el Acuerdo asegura la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso en materia de información, participación y justicia, en tanto una buena gobernanza reside no solo en el gobierno sino también en el papel que asumen el público y todos aquellos actores que influyen en la vida política, económica y social de un país.

Los tres accesos (información, participación y justicia) conforman la base de un modelo de gobernanza para el desarrollo sostenible, que necesariamente debe unir decisiones de gobierno, inversiones sustentables y ampliar la participación.

personas defensoras

(des)igualdad

el Acuerdo protege a quienes defienden derechos humanos en asuntos ambientales. Escazú busca hacer frente a la realidad de que LAC es la región más peligrosa para la defensa ambiental, y establece medidas para prevenir, investigar y sancionar eventuales ataques y/o amenazas.

la crisis ambiental aumenta las desigualdades preexistentes y son los sectores más vulnerados los que sufren en primera persona sus impactos. El Acuerdo de Escazú disminuye las brechas de desigualdad en materia de información, en tanto garantiza que esta sea clara y accesible; asegura el derecho de todas las personas a ser escuchadas y tomadas en cuenta, y crea herramientas para un efectivo acceso a la justicia.

Mecansimo público regional:

el Acuerdo que fue construido desde el público (la ciudadanía) cuenta con espacio de participación libre para todas las personas de Latinoamérica y el Caribe, el Mecanismo Público Regional; quien desee unirse no tiene más que llenar el formulario de la página web de CEPAL: https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu/mecanismo-publico-regional

Argentina es el país con mayor presencia en el Mecanismo; su participación y contribución de información son clave para mantener el espíritu de Escazú en el proceso de implementación del Acuerdo para toda la región. La responsabilidad no es solo de los Estados Parte, sino también del Organismo para el Control de Cumplimiento, y del público mediante el Mecanismo.

¿Cómo impactan en las luchas ambientales estas nuevas herramientas? ¿Cambia nuestro rol?

El Acuerdo de Escazú es parte de las victorias y de la continuidad de la luchas de los movimientos ambientales, que primero lograron que la comunidad internacional reconociera los derechos de acceso en la Declaración de Río 92 y ahora, mediante un acuerdo regional, los consagra en un instrumentos de alcance regional cuyo objetivo es hacer que los países implementen, de manera efectiva, estos derechos que contribuyen a la construcción de sociedades más sustentables.

De igual forma, los movimientos ambientales, junto con las personas que luchan por sus derechos en los territorios, logran a través del Acuerdo de Escazú establecer un vínculo entre la protección del ambiente y los derechos humanos, lo que da como resultado que Escazú sea el primer acuerdo internacional vinculante en establecer mecanismos de respuesta y protección para las personas defensoras de Derechos Humanos en temas ambientales.

Escazú, parte de los Cambios Transformadores que necesitamos

El planeta y la humanidad están frente a una encrucijada. Sabemos que son necesarias transformaciones profundas para abordar las inequidades y la emergencia ambiental. El instrumento que representa Escazú nos ayuda a caminar por la senda de los cambios indispensables relacionados con los derechos humanos en materia ambiental, en especial los referidos al acceso. La democracia será un pilar central para las sociedades justas y sostenibles en Latinoamérica y el Caribe, además de una referencia para el resto del mundo.

¿porqué América LATINA Y EL CARIBE

NECESITAn EL Acuerdo de Escazú?